Los Estados miembros de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para regular las agencias de calificación que evalúan la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza de las empresas. El objetivo es mejorar la fiabilidad de estas calificaciones y evitar conflictos de interés.
Este acuerdo establece la posición de los países para negociar la legislación definitiva con el Parlamento Europeo a partir de enero del próximo año. La Eurocámara ya adoptó su posición negociadora la semana pasada, apenas seis meses después de que la Comisión Europea presentara la propuesta en junio.
Las nuevas normas buscan regular por primera vez la actividad de las empresas dedicadas a evaluar a compañías o productos financieros en términos de riesgos e impacto social y ambiental. Se pretende lograr calificaciones más transparentes y comparables para aumentar la confianza de los inversores en productos etiquetados como sostenibles.
Según el acuerdo, las agencias que deseen ofrecer estos servicios en la Unión Europea deberán obtener autorización de la Autoridad de Mercados y Valores (ESMA), que también supervisará sus actividades y podrá llevar a cabo investigaciones e inspecciones «in situ». Además, deberán cumplir con requisitos de transparencia, especialmente en cuanto a la metodología y fuentes de información utilizadas para elaborar las calificaciones, y estarán sujetas a medidas para evitar conflictos de interés, incluida la separación de sus negocios de calificación, consultoría y auditoría.
Las empresas que no cumplan con las reglas podrían enfrentarse a multas de hasta el 10% de su facturación anual neta, junto con sanciones periódicas. Se han introducido algunas modificaciones, como un régimen transitorio voluntario para pequeños proveedores de calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y aquellos que ingresen al mercado por primera vez, con requisitos «más ligeros» durante tres años.
Además, se ha considerado la posibilidad de que los proveedores de calificaciones no tengan que establecer una entidad legal separada para ciertas actividades, siempre y cuando exista una clara distinción entre ellas y se tomen medidas para evitar conflictos de interés. Sin embargo, esta derogación no se aplicará a actividades de consultoría o auditoría para entidades que también reciban una calificación ESG. La regulación busca asegurar que estas calificaciones sean «independientes, objetivas y de calidad».
